EL EDIFICIO DEL CONSEJO PROVINCIAL DE LOJA: HISTORIA

El baúl de los recuerdos

Efraín Borrero Espinosa

En la segunda mitad de la década de 1960, el edificio del Consejo Provincial se erigía imponente como el más importante de nuestra urbe. Allí se alojaban las dependencias de diversas instituciones públicas: la Gobernación, la Alcaldía, la Delegación del Ministerio de Obras Públicas, la Intendencia de Policía, la Comisaría, Correos y la Empresa de Radio, Telégrafos y Teléfonos del Ecuador.

Años atrás, en el sitio existían viviendas de personajes importantes de la ciudad que fueron expropiadas para dar paso a la construcción de lo que se llamó el Palacio de Gobierno, una edificación concebida para albergar a instituciones públicas, ante la carencia de locales funcionales en nuestra urbe.

Para desarrollar la historia de esa edificación es necesario remitirse al origen del Consejo Provincial, porque además de ser entidad beneficiada actuó como unidad ejecutora de la construcción.

Los Consejos Provinciales como organismos autónomos no nacen exactamente con la República, como se ha afirmado. Existe la confusión de situar su origen en la Constitución de 1830 debido a la figura del ‘Prefecto’ mencionado en el artículo cincuenta y tres, que era un agente directo del Poder Ejecutivo y no un cuerpo colegiado.

El primer antecedente de un órgano corporativo aparece en la Constitución de 1843, que creó un consejo provincial de cinco a siete ciudadanos para auxiliar al Gobernador. Este órgano era meramente asesor y desapareció pronto.

Contrario a lo que se piensa, la figura no quedó en el olvido hasta 1945, sino que resurgió con carácter moderno en la Constitución de 1929, la cual sentó las bases definitivas de la autonomía provincial, ratificada luego por la Constitución de 1945, que en la parte pertinente determinaba: “En cada capital de provincia habrá un Consejo Provincial, cuyos objetivos fundamentales serán vigorizar la provincia, impulsar su progreso y vincularla con los organismos centrales.”

Dado que el texto constitucional de 1945 no detallaba la estructuración orgánica de los consejos provinciales, la Ley de Elecciones del 18 de agosto de 1945, dictada bajo el gobierno de José María Velasco Ibarra, fue la norma que determinó que el cuerpo de consejeros provinciales electos por el pueblo se instalaría en cada capital y, de entre su propio seno, elegirá por votación interna a su presidente (figura que más tarde se conocería como Prefecto).

En la Constitución promulgada el 31 de diciembre de 1946, se estableció que los miembros del Consejo Provincial serán elegidos por votación popular y secreta en la fecha que determine la Ley, avalando lo que dictaba la Ley de Elecciones.

Para su funcionamiento, los Consejos Provinciales tenían que remitirse a escuetos e imprecisos preceptos constitucionales básicos, a la Ley de Régimen Administrativo, a sus propias ordenanzas locales de organización interna, y a las sucesivas leyes de elecciones que dictaba el Congreso para la renovación de autoridades. Por esa razón, desde 1949 los

Consejos Provinciales del país empezaron a presionar al Congreso Nacional para que se expidiera una Ley de Régimen Provincial, hecho que se hizo realidad luego de algunos años, el 10 de noviembre de 1969.

Después de superar múltiples inconvenientes el Consejo Provincial de Loja se instaló el 6 de febrero de 1946 en el salón del Cabildo, situado en la calle 10 de Agosto y Bolívar, esquina.

En el Informe de Labores presentado por Alfredo Aguirre Palacio en su calidad de Presidente del Consejo Provincial, por el período comprendido entre el primero de diciembre de 1947 al quince de julio de 1948, cuya copia dispongo gracias al generoso apoyo de su hijo Galo, se puede establecer que quien ostentó la primera dignidad de Presidente del Consejo Provincial de Loja fue Fernando Eguiguren Lequerica. Alfredo Aguirre señala textualmente: “Es verdad que gracias al esfuerzo y diligencia del señor don Fernando Eguiguren Lequerica, ex Presidente de la Institución, se había conseguido mantener con vida a la H. Corporación Provincial, a pesar de la falta de fondos, de la ninguna contribución de parte del poder central y, diciéndolo con franqueza, pese a la inasistencia de la mayor parte de los H.H. señores Consejeros.

Hizo notorio que su “preocupación inicial consistió en planificar y llevar a efecto la organización administrativa, para luego, con la colaboración del personal subalterno, ir hasta la formulación del presupuesto, la aprobación del Reglamento Interno, la constitución y arreglo del archivo, la adquisición de útiles de escritorio, de muebles, que dicha sea la verdad no había uno solo, y de diversos enseres”.

Una vez que estuvieron vigentes el presupuesto y el Reglamento Interno, se procedió al nombramiento de tres comisiones con el fin de orientar mejor el desarrollo de las diferentes actividades, integrándolas bajo las siguientes denominaciones: a) Comisión de Legislación, Municipalidades y Finanzas, b) Comisión encargada de la construcción de la carretera de penetración a Zamora; y c) Comisión encargada de la edificación del Palacio de Gobierno.

Estas comisiones se integraron el seis de diciembre de 1947, como consta en el acta a la que accedí gracias a la colaboración de Francisco Espinosa, responsable del archivo de la Prefectura, quien acuciosamente me ha facilitado las fuentes que sustentan esta crónica. José Ángel Palacio y Zoilo Alfredo Rodríguez conformaron la Comisión encargada de la edificación del Palacio de Gobierno.

En cuanto a la construcción del edificio, Aguirre informó lo siguiente: “Una de las primeras gestiones consistió en proceder a adquirir un solar de terreno que le diera la amplitud necesaria, pues, el sitio disponible resultaba insuficiente dada la capacidad que proyectábamos darle con el fin de satisfacer todas las exigencias de la vida provincial”. La adquisición del terreno de seiscientos dieciséis metros cuadrados se hico mediante contrato de compra venta a la Diócesis de Loja por el precio de ciento veinte y tres mil doscientos veinte y seis sucres.

Dice que seguidamente se realizaron gestiones ante la Dirección General de Obras Públicas para la elaboración del plano respectivo, “aunque por desgracia – seguramente por falta de conocimiento del terreno y de sus condiciones generales – dicha obra no resultó completa por no haberse tomado en cuenta el sentido arquitectónico predominante

en la ciudad. Fue en esas circunstancias que se resolvió contratar al arquitecto chileno don Hugo Faggioni, quien comenzó sus labores revisando ciertos aspectos del plano proyectado y dando todos los pasos necesarios para la iniciación de la construcción actual”.

Hugo Otto Faggioni Mari nació el 29 de mayo de 1885 en Carrara, Italia. Aunque en su biografía consta que adquirió la nacionalidad chilena por naturalización, un nieto suyo desmintió posteriormente esa versión. Falleció en Loja el 26 de junio de 1963. Fue un profesional muy reputado con importantes obras arquitectónicas a nivel nacional. Entre sus trabajos destacan la dirección de la construcción del Palacio Municipal y del edificio El Telégrafo en Guayaquil, así como diversas edificaciones en Cuenca, incluida la hermosa residencia de José Eljuri. Asimismo, rediseñó y reestructuró varios elementos de la Basílica de El Cisne junto a los arquitectos Paolo Russo y Ángel Sangucho, y realizó intervenciones en la iglesia de San Francisco, la Catedral de Loja y las iglesias matrices de Saraguro y Malacatos.

Alfredo Aguirre explicó que el plano definitivo contemplaba “un edificio de cuatro pisos, con un pasaje central de treinta y ocho metros de frente por treinta y ocho metros cincuenta centímetros de fondo, y en este momento está al terminarse la planta baja, incluyendo los servicios de higienización interna, a base de cal y ladrillo en su mayor parte. Tan avanzada está su construcción que, de contar con el apoyo del Supremo Gobierno, como que es obra que le atañe directamente a él más que a ninguna otra Entidad, bien se podría utilizarla en su totalidad después de un par de años a lo sumo”.

En el informe se resalta que la obra ha contado con la mitad de veinte por ciento de los fondos que le corresponden al Consejo Provincial en calidad de partícipe del despendio de los artículos monopolizados, entre otros el aguardiente, al tenor de lo dispuesto en el Decreto Legislativo de veintidós de febrero de 1947, sumándose una significativa cantidad de dinero asignada por el Supremo Gobierno y un excedente de los fondos determinados el año próximo pasado para la misma obra. Es decir, hasta la terminación del ejercicio económico que hablaba Aguirre, se disponía algo más de setecientos sesenta mil sucres.

La construcción del edificio demandó algunos años, uno de los factores que influyó en la demora fue la consignación de los fondos del edificio a la construcción de la carretera Loja Zamora. Los trabajos concluyeron entre 1964 y 1965 y las entidades beneficiadas se instalaron de inmediato.

Mediante Decreto expedido por el Presidente Interino de la República, Clemente Yerovi Indaburu, el 13 de octubre de 1966, publicado en el Registro Oficial número 151 de 31 de octubre de ese año, se transfirió al Consejo Provincial de Loja todos los derechos que el Gobierno Nacional tuviere hasta la fecha en el edificio y terrenos a los que se refiere dicho Decreto. Es decir, consolidó la propiedad del predio en favor del Consejo Provincial en forma exclusiva

A lo largo del tiempo algunos prefectos se empeñaron en realizar obras complementarias y de ampliación del edificio. Raúl Auquilla Ortega, quien ejerció el cargo de prefecto provincial de Loja durante dos períodos consecutivos, desde 1996 hasta 2005, me comentó que su primera gestión fue notificar la desocupación inmediata de todas las

oficinas del edificio que aún ocupaban ciertas instituciones. Esta medida incluyó algunos quioscos que se habían ubicado en las partes interna y externa.

El Municipio, que ya tenía su edificio propio, lo hizo con anterioridad. Lo mismo ocurrió con la Gobernación, gracias al apoyo que el presidente Sixto Durán Ballén brindó al gobernador Vinicio Suárez Bermeo, quien dejó como legado de su gestión un hermoso bien patrimonial situado en el mismo Parque Central, restaurado por el prestigioso arquitecto cuencano Gustavo Lloret Orellana. Las demás instituciones tuvieron que trasladarse a otros locales, por lo que el Consejo Provincial quedó como amo y señor del edificio.

Después de esta medida Raúl Auquilla inició un proceso de remodelación que concluyó en 1998. A partir de enero de 1999 construyó la ampliación en el área correspondiente al lote de terreno adquirido a Nicolás Burneo Arias, en el costado de la calle Bernardo Valdivieso, donde está el auditorio y otras oficinas. A inicios del 2001 emprendió otros trabajos de reconstrucción, empezando por la planta baja e incluyendo el cambio del techo que cubría el octógono por uno de cristal, decorado artesanalmente con motivos provinciales.

Sin duda que el patio central octogonal fue un acierto del diseño y es su mayor atractivo, ya que permite que todas las dependencias se organicen de manera concéntrica, además de actuar como una gran linterna cenital, toda vez que la luz natural penetra desde la cubierta y se distribuye verticalmente, bañando las plantas inferiores.

Rodrigo Vivar Bermeo, quien fuera Prefecto entre 2005 y 2009, me dijo que en el primer año de su gestión se propuso realizar obras de reconstrucción interna y decoración del edificio, aprovechando que en nuestra ciudad se encontraba el prestigioso ingeniero civil y artista plástico francés, Bernard Michel Laude, quien, luego de definir el estilo Art Deco de la edificación realizó los trabajos en forma cumplida y eficiente.

En la actual administración, el Prefecto Mario Mancino Valdivieso dispuso la instalación de ascensores para facilitar el acceso ciudadano a sus instalaciones, especialmente de los discapacitados que eran excluidos, así como de personas de la tercera edad que teníamos que subir las empinadas gradas cargando nuestros achaques.

El edificio del Consejo Provincial constituye uno de los hitos arquitectónicos más singulares del Centro Histórico de Loja, al que debe entenderse como un manifiesto arquitectónico que buscaba proyectar una imagen de progreso, transparencia y solidez institucional, mediante un lenguaje estético radicalmente contemporáneo para su época. En palabras de la arquitecta Gabriela Pacají, es una edificación de carácter monumental, con influencia del Art Déco y racionalismo de la primera mitad del siglo XX, que continúa manteniendo su función administrativa original.